La obligación de registrar la jornada laboral antes del 12 de mayo de 2019

El pasado 12 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo de 2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

El Real Decreto modifica, entre otros, el artículo 34.7 y 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, exigiendo un registro de la jornada laboral de los trabajadores, que deberá implantarse en un plazo máximo de dos meses desde la publicación de la norma.

La obligación se regula en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley, a cuyo tenor:

  • El Gobierno podrá establecer ampliaciones y limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo.
  • El empresario queda obligado a imponer un sistema que controle la jornada laboral de cada trabajador, reflejando el horario concreto de inicio y finalización del trabajo diario, sin perjuicio de la flexibilidad horaria permitida en el mismo artículo 34 del ET.
  • Crea la obligación de conservación y acceso a los datos que arroje el registro. La conservación se mantendrá durante cuatro años, y el acceso se garantizará a los trabajadores, sus representantes y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  • Refuerza la obligación y, tipifica el incumplimiento como infracción grave, con multas de hasta 6.500.-€, para conseguir la finalidad de la norma dictada.[1]

De este modo, nuestro ordenamiento jurídico se acerca a la interpretación del derecho comunitario que, el Abogado General del T.J.U.E., el Sr. Giovanni Pruzzinella, realiza en las conclusiones generales del asunto C55/18, donde propone incluir un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva a las empresas, garantizando que el trabajador, pueda ejercitar los derechos que la Directiva 2003/88 le otorga. A la luz de sus conclusiones, carecer de un sistema que registre la jornada ordinaria priva al trabajador de un medio probatorio esencial en el ejercicio de los a él inherentes.[2]

[1] Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

[2] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190008es.pdf

Elena Martín Barella

Sobre Elena Martín Barella

Elena ha desarrollado su trayectoria laboral en diferentes despachos de ámbito internacional desde 2012 en varias ciudades de referencia, como Valencia o Barcelona entre ellas. Todos ellos especializados en el derecho procesal mercantil y el derecho bancario y financiero.

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