La derivación de responsabilidad de la Agencia Tributaría y su calificación en el concurso de acreedores

Cuando una sociedad de capital entra en una situación de insolvencia, como preámbulo de la necesaria solicitud de inicio del concurso voluntario, entre sus acreedores es habitual que se encuentre la Administración Estatal de la Agencia Tributaria, por deudas derivadas de liquidaciones no atendidas.

Las prerrogativas que disfruta la Administración Estatal de la Agencia Tributaria han de tenerse en cuenta a la hora de realizar cualquier operación en el concurso de acreedores tendente a la extinción y conclusión de la sociedad sin la satisfacción completa de las deudas a los acreedores pues, la sección 3ª del Capítulo II del Título II de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 41 y siguientes, se encarga de regular los responsables tributarios, entre los que se encuentran:

Artículo 42. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: […] c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.”

[…]

  1. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
  2. a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

 

También el artículo 43, considera responsables subsidiarios:

Artículo 43. Responsables subsidiarios. 1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: […] h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.

En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

De constatarse, por parte de La Administración Tributaria, un supuesto de hecho subsumible en la descripción de los artículos anteriormente descritos, no dudarán en iniciar un procedimiento de derivación de responsabilidad en búsqueda de responsables tributarios que satisfagan la deuda, con intereses de demora, recargos y, en depende que supuestos, la sanción que pueda tener aparejada.

No obstante, las prerrogativas de la Administración Tributaria se desdibujan cuando la deuda tiene su origen en un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria pues éste, es considerado fuera de todas dudas, como una sanción, tal y como entiende la Sala 3ª del Tribunal Supremo al igual que el Tribunal Constitucional, el expediente de derivación de responsabilidad tributaria cumple, entre varias funciones, la finalidad sancionadora, que prevalece sobre las demás dispuestas en la norma.

Por ende, al ser un crédito con naturaleza sancionadora, ha de ser calificado como subordinado, en virtud del artículo 92 de la L.C., más aún si recordamos el criterio seguido por la Sala Primera de nuestro Alto Tribunal que, al analizar en varias sentencias, la calificación en el concurso de los recargos administrativos, admite que el término sanción, del artículo 92.4 de la L.C., debe entenderse en un sentido amplio, sanción ha de vincularse el incumplimiento de un deber jurídico.

No obstante, la consideración de crédito subordinado o no vendrá con el administrador concursal que, en caso de no seguir con la Jurisprudencia mayoritaria reciente, verá modificados los textos, tras la interposición de los procedentes recursos. A dichos efectos, es interesante conocer el criterio de cada Audiencia Provincial, pues será el recurso al que la gran mayoría de concursadas pueda acceder, por entre otros motivos, tener requisitos de admisión más laxos. En nuestro caso, nuestra Audiencia Provincial coincide con lo anteriormente expuesto, calificando el crédito nacido en la derivación, como crédito subordinado.

 

Elena Martín Barella

Sobre Elena Martín Barella

Elena ha desarrollado su trayectoria laboral en diferentes despachos de ámbito internacional desde 2012 en varias ciudades de referencia, como Valencia o Barcelona entre ellas. Todos ellos especializados en el derecho procesal mercantil y el derecho bancario y financiero.

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