La separación del socio por falta de distribución de dividendos

La Ley 11/2018, publicada el pasado 29 de diciembre 2018, por la cual se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “LSC”) y la Ley de Auditoría de Cuentas, introdujo, entre otras disposiciones, la modificación del artículo 348 bis de la LSC en relación al derecho de separación del socio por falta de distribución de dividendos.

En virtud de dicha modificación, el nuevo artículo prevé las siguientes premisas:

  • El socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el 25% de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores, salvo disposición contraria de los estatutos y siempre que haya transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad.
  • Posibilidad de supresión o modificación del derecho previsto en los estatutos sociales de la sociedad, siempre y cuando todos los socios hayan prestado su consentimiento y se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.
  • El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. En este sentido, se mantiene el plazo previsto en la redacción anterior.
  • Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el 25% de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior y siempre que se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.

Por último, se prevé la imposibilidad de aplicación en diferentes supuestos, tales como: a) cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación; b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso; y c) cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas, entre otros.

La obligación de registrar la jornada laboral antes del 12 de mayo de 2019

El pasado 12 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo de 2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

El Real Decreto modifica, entre otros, el artículo 34.7 y 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, exigiendo un registro de la jornada laboral de los trabajadores, que deberá implantarse en un plazo máximo de dos meses desde la publicación de la norma.

La obligación se regula en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley, a cuyo tenor:

  • El Gobierno podrá establecer ampliaciones y limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo.
  • El empresario queda obligado a imponer un sistema que controle la jornada laboral de cada trabajador, reflejando el horario concreto de inicio y finalización del trabajo diario, sin perjuicio de la flexibilidad horaria permitida en el mismo artículo 34 del ET.
  • Crea la obligación de conservación y acceso a los datos que arroje el registro. La conservación se mantendrá durante cuatro años, y el acceso se garantizará a los trabajadores, sus representantes y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  • Refuerza la obligación y, tipifica el incumplimiento como infracción grave, con multas de hasta 6.500.-€, para conseguir la finalidad de la norma dictada.[1]

De este modo, nuestro ordenamiento jurídico se acerca a la interpretación del derecho comunitario que, el Abogado General del T.J.U.E., el Sr. Giovanni Pruzzinella, realiza en las conclusiones generales del asunto C55/18, donde propone incluir un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva a las empresas, garantizando que el trabajador, pueda ejercitar los derechos que la Directiva 2003/88 le otorga. A la luz de sus conclusiones, carecer de un sistema que registre la jornada ordinaria priva al trabajador de un medio probatorio esencial en el ejercicio de los a él inherentes.[2]

[1] Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

[2] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-01/cp190008es.pdf

¿Qué sucede si, en los estatutos sociales se prevé que la junta debe ser convocada mediante carta certificada con acuse de recibo remitida notarialmente, la junta se convoca mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo firmado por cada socio?

La DGRN, mediante la resolución de fecha 9 de enero de 2019 (BOE 5-2-19), confirma la calificación negativa del registrador de unos acuerdos adoptados en junta general convocada mediante escrito entregado en mano a cada socio, con acuse de recibo suscrito por cada uno de ellos, debido a que los estatutos sociales prevén que la convocatoria se debe hacer mediante “carta certificada con acuse de recibo, cuya remisión podrá hacerse notarialmente , o notificación notarial a cada uno de los socios”.

Conforme a doctrina reiterada, si los estatutos sociales prevén una forma de convocar las respectivas juntas de socios, dicha forma deberá ser rigurosamente respetada y observada, sin posibilidad alguna de convocar la junta mediante forma distinta. La DGRN recuerda que los socios tienen derecho a saber en qué forma específica han de ser convocados, y esa es la única forma en que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención.

De dicha resolución, cabe hacer hincapié en la importancia de respetar la forma de convocar la junta de socios que refleja los estatutos sociales, y todo ello sin perjuicio de que la totalidad de los socios hayan tenido conocimiento de la convocatoria por otro cauce.

Por ello, a la hora de redactar los estatutos sociales es aconsejable valorar si conviene o no una forma de convocatoria más ágil, como por ejemplo:

  • Mediante publicación del anuncio de la convocatoria en la página web de la sociedad[1]; o
  • Mediante comunicación individual y escrita del anuncio de convocatoria remitida a todos los socios, a través de correo electrónico con solicitud de confirmación de lectura. La convocatoria, en dicho caso, debería ser remitida a la dirección electrónica que conste en el Libro Registro de Socios[2].

[1] Sistema recogido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

[2] La resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, contempla la posibilidad de realizar las convocatorias de las Juntas Generales mediante correo electrónico, siempre y cuando se utilice algún procedimiento que permita el acuse de recibo del envío de dicho correo, como por ejemplo la solicitud de confirmación de lectura.

Comentarios a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital

El pasado 28 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley 11/2018 en virtud de la cual se modifica, entre otras normas, la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Cabe destacar las siguientes modificaciones:

  • Modificación del artículo 62 LSC

Se ha incluido un punto 2 en el que se indica que, en el marco del acto fundacional de una sociedad de responsabilidad limitada, no será necesario acreditar las aportaciones dinerarias si los fundadores manifiestan en la escritura fundacional su responsabilidad solidaria frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales.

Con la inclusión del referido punto 2, la nueva redacción del artículo 62 pasa a ser la siguiente:

Artículo 62. Acreditación de la realidad de las aportaciones.

1. Ante el notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella.

2. No obstante lo anterior, no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de las mismas.

3. La vigencia de la certificación será de dos meses a contar de su fecha.

4. En tanto no transcurra el periodo de vigencia de la certificación, la cancelación del depósito por quien lo hubiera constituido exigirá la previa devolución de la certificación a la entidad de crédito emisora.”

  • Modificación del artículo 253 LSC

Se indica que los administradores en el momento de la formulación de las cuentas anuales y del informe de gestión, deberán, en su caso, incluir en este último el estado de información no financiera.

¿Quién debe presentar el estado de información no financiera?

Las grandes empresas y las Entidades de Interés Público que formulen cuentas consolidadas y que reúnan los siguientes requisitos:

  1. Tengan más de 500 trabajadores empleados; y
  2. Que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

 

  • Tengan unos activos de 20 millones de euros.
  • El importe de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

 

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos dos de los tres últimos requisitos, o cuando al cierre del ejercicio el número medio de trabajadores empleados no excediera de 500.

Con la descrita inclusión, la nueva redacción del artículo 253 pasa a ser la siguiente:

Artículo 253. Formulación

1. Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

2. Las cuentas anuales y el informe de gestión, incluido cuando proceda, el estado de información no financiera, deberán ser firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falte, con expresa indicación de la causa.”

  • Modificación del artículo 262 LSC
  • Se modifica el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 262 LSC

En relación con el informe de gestión, se deberá incluir, cuando proceda, como indicadores de carácter no financiero el cumplimiento de reglas en materia de igualdad y no discriminación y discapacidad.

Asimismo, se indica que se exceptúa de la obligación de incluir información de carácter no financiero, a las sociedades que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013 UE.

Con la referida inclusión, la nueva redacción del párrafo tercero del apartado 1 del artículo 262 LSC pasa a ser la siguiente:

“En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores de clave financieros como, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente, al personal y al cumplimiento de reglas en materia de igualdad y no discriminación y discapacidad. Se exceptúa de la obligación de incluir información de carácter no financiero, a las sociedades que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013.”

  • Se modifica el apartado 5 del artículo 262 LSC

Mediante la modificación de apartado 5 la obligación de incluir un informe de gestión deja de ser relativa, únicamente, a las sociedades de capital que, de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, tengan la consideración de entidades de interés público, sino que a partir de dicha modificación afectará a las Sociedades de Capital que concurran en ellas los siguientes requisitos:

  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500.
  • Que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
  1. Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
  2. Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.
  3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.

Asimismo, se indica que las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos cualquiera de los requisitos anteriormente establecidos.

Con la referida modificación, la nueva redacción del apartado 5 del artículo 262 LSC pasa a ser la siguiente:

5. Las sociedades de capital deberán incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera o elaborar un informe separado con el mismo contenido que el previsto para las cuentas consolidadas por el artículo 49, apartados 5, 6 y 7, del Código de Comercio, aunque referido exclusivamente a la sociedad en cuestión siempre que concurran en ella los siguientes requisitos:

  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500.
  • Que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
  1. Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros.
  2. Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros.
  3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos cualquiera de los requisitos anteriormente establecidos.

En los dos primeros ejercicios sociales desde su constitución, la sociedad estará obligada a elaborar el estado de información no financiera cuando al cierre del primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de las tres circunstancias mencionadas en la letra b), siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito previsto en la letra a).

Una sociedad dependiente de un grupo estará dispensada de la obligación establecida en este apartado si dicha empresa y sus dependientes, si las tuviera, están incluidas a su vez en el informe de gestión consolidado de otra empresa, elaborado conforme al contenido establecido en este artículo. Si una sociedad se acoge a esta opción, deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la sociedad dominante y al Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna oficina pública, o de haber optado por la elaboración del informe separado, sobre dónde se encuentra disponible o se puede acceder a la información consolidada de la sociedad dominante.”

  • Modificación del artículo 276 LSC

Se incluye un nuevo apartado 3, en virtud del cual se establece un plazo máximo para el abono completo de los dividendos, siendo este de doce (12) meses a contar desde que la Junta de Socios haya acordado su reparto.

Con la inclusión del apartado 3, el artículo 276 LSC pasa a ser la siguiente:

Artículo 276. Momento y forma del pago del dividendo.

1. En el acuerdo de distribución de dividendos determinará la junta general el momento y la forma del pago.

2. A falta de determinación sobre esos particulares, el dividendo será pagadero en el domicilio social a partir del día siguiente al del acuerdo.

3. El plazo máximo para el abono completo de los dividendos será de doce meses a partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su distribución.”

  • Modificación del artículo 348 bis LSC

Se da la posibilidad de incluir una cláusula en los estatutos sociales de la sociedad, debiéndose ser aprobada por unanimidad, que permita al socio discrepante en la distribución de dividendos ejercer su derecho de separación.

Se concreta que el socio con derecho de separación será aquel que haya hecho constar en Acta su disconformidad con la distribución de dividendos, y no, como se indicaba hasta la última modificación de la LSC, el socio que hubiera votado a favor de dicha distribución.

En el marco del ejercicio del derecho de separación, se deja de tener en cuenta los beneficios propios de la explotación del objeto social por beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles. Por ello, a partir de dicha modificación habrá que tener en cuenta todo beneficio susceptible de ser distribuible.

Se modifica el mínimo de los beneficios que deben ser distribuibles en concepto de dividendos para dar pie al ejercicio del derecho de separación, pasando de un 1/3 a un 25% de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles. Asimismo, se establece que podrá ejercerse el derecho de separación siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores.

Sin perjuicio de las modificaciones comentadas hasta el momento, el derecho de separación no podrá ejercerse si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, al menos, al 25% de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Hasta ahora, la LSC indicaba que los dispuesto en el artículo 348 bis no afectaba a las sociedades cotizadas. Con la comentada modificación, el referido artículo no se aplicará (i) en sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación; (ii) en sociedades que se encuentren en concurso; (iii) cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos; (iv) en aquella sociedad que haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal; y (v) en Sociedades Anónimas Deportivas.

Con dicha modificación, el artículo 348 bis LSC pasa a ser el siguiente:

“Artículo 348 bis. Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

1. Salvo disposición contraria de los estatutos, transcurrido el quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, el veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior que sean legalmente distribuibles siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores. Sin embargo, aun cuando se produzca la anterior circunstancia, el derecho de separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos durante los últimos cinco años equivale, por lo menos, al veinticinco por ciento de los beneficios legalmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que pudieran corresponder.

2. Para la supresión o modificación de la causa de separación a que se refiere el apartado anterior, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo.

3. El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios.

4. Cuando la sociedad estuviere obligada a formular cuentas consolidadas, deberá reconocerse el mismo derecho de separación al socio de la dominante, aunque no se diere el requisito establecido en el párrafo primero de este artículo, si la junta general de la citada sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el veinticinco por ciento de los resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los tres ejercicios anteriores.

5. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema multilateral de negociación.

b) Cuando la sociedad se encuentre en concurso.

c) Cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal.

e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas.”

LEXCREA ASESORA EN LA ÚLTIMA OPERACIÓN DE INVERSIÓN DE INVEREADY EN LA COMPAÑÍA VINIEXPORT

Viniexport consigue financiación por valor de 2.000.000€  

de Inveready Technology Investment Group
para iniciar su expansión en España

 

  • Viniexport es una plataforma que permite al segmento HORECA adquirir vinos a productores de manera directa pero de forma unificada vía un solo proveedor.
  • La compañía de origen italiano ha iniciado su expansión en España mediante la apertura de una oficina en Barcelona para posteriormente expandirse a Francia y Alemania

 

Barcelona, 27 de julio de 2018

La empresa de origen italiano Viniexport acaba de cerrar una ronda de financiación por valor de 2.000.000 € para seguir su proceso de expansión internacional. La operación ha sido estructurada por Inveready en cuatro distintos tramos en función de hitos para evitar un mayor coste de capital para la compañía y ha contado con el apoyo de los socios actuales de Viniexport.

La compañía, que nació en 2015 de la mano de Eugenio Picca, ofrece a sus clientes HORECA una central de compras con un amplio catálogo directo de productos, competitivo en precios y con la comodidad de una logística centralizada. Todo esto supone un ahorro importante de tiempo para los clientes que se traduce en menores costes en el proceso de compras, además de una reducción de los costes administrativos y de logística. En estos tres años ha conseguido vender [€10 mm.] al año, posicionándose como líder en un país competido como es Italia ganándose la confianza de importantes cadenas hoteleras, grandes consumidores y pequeños restauradores. La compañía espera poder ofrecer al sector HORECA español el mismo catálogo de vinos italianos y, gradualmente, productores españoles.

Inveready ha utilizado su instrumento de financiación híbrida de deuda / capital en esta operación. Este tipo de financiación, accesible a compañías que han demostrado la viabilidad y escalabilidad de su modelo de negocio, permite a los socios actuales minimizar la dilución en relación a una ronda de capital.

Carlos Conti, Socio de Inveready responsable de este tipo de operaciones, comenta al respecto:

“Nos complace poder apoyar en el desarrollo internacional de un modelo de negocio validado como el de Viniexport.  

Es nuestra primera inversión fuera de España y estamos ilusionados de poder actuar como embajadores de Viniexport en nuestro mercado natural. Desde Inveready hemos realizado otras inversiones dentro del mercado del vino en el pasado y creemos que podemos aportar conocimientos y contactos a la compañía. Esta operación confirma el valor añadido de instrumentos de financiación híbridos, suponen algo más que un impulso financiero en la compañía.

Viniexport, está presente en España e Italia. La compañía vende a día de hoy más de 100.000 botellas al mes y cuenta con cerca de 7.000 clientes y 2.000 proveedores a finales de 2017.  Los clientes de Viniexport son empresas de renombre del sector hotelero, restauración, aerolíneas, y grupos de distribución especializada con los que mantiene contratos recurrentes importantes.

Eugenio Picca, CEO y fundador de la compañía comenta: La entrada de un socio estratégico como Inveready ha ayudado a comprender mejor las dinámicas del mercado del vino en España mientras que la entrada del capital nos permitirá ser capaces de expandir nuestra actividad y validar nuestro proceso de expansión internacional para poder escalar el modelo de negocio con más facilidad en el futuro.

Del mismo modo, la entrada del capital nos permite aumentar la competitividad de nuestra oferta incrementando el número de proveedores e implementar las mejorar necesarias para adaptar la plataforma al mercado internacional.

Acerca de ViniExport

Fundada en 2015, Viniexport comercializa vinos a través de una plataforma online enfocada al cliente profesional (HoReCa). Del mismo modo, Viniexport permite a las pequeñas y medianas bodegas posicionarse dentro de un mercado con un volumen alto y creciente de pedidos.

La compañía es líder en su segmento en Italia con más de cinco mil referencias de vino y más de 200m de botellas listas para la venta. Viniexport está presente en Italia y recientemente en España.

En 2017, Viniexport superó los dos millones y medio de euros en facturación con crecimientos sostenidos año tras año, y manteniendo la rentabilidad.

Acerca de Inveready Technology Investment Group

Inveready Technology Investment Group (www.inveready.com) es el primer Grupo de Inversión español centrado en compañías innovadoras en sus primeras etapas de vida y con necesidades financieras en de entre 0,5 y 4 millones de euros. Inveready cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y San Francisco.

Inveready cuenta con 9 vehículos de inversión con unos recursos gestionados de más de €125 millones de euros, más de 80 participadas como WineisSocial, MasMovil,Bitext, Palo Biofarma, Bilua, Odilo o Catchoom. Inveready ha apoyado operaciones de referencia en el mercado como puede ser las ventas de Password Bank a Symantec, 3Scale Networks a Red Hat, Indisys a Intel y Masmovil, el primer unicornio español. En el 2018, el vehículo de Venture Debt ha vendido iSalud a CNP Assurance y Respiro al grupo SEAT.

 

La transacción ha contado con el asesoramiento integral del despacho de abogados LexCrea.

¿QUEDAN SUBSANADOS POR CADUCIDAD LOS ACUERDOS SOCIALES IMPUGNABLES POR HABERSE ACORDADO CONTRADICIENDO LA LEY O LOS ESTATUTOS SOCIALES?

Como es sabido, de los artículos 204 a 206 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) resulta que los defectos achacables a los actos societarios se dividen en 3 grupos: (i) los que por su escasa categoría no admiten impugnación; (ii) la categoría general de actos impugnables sujetos a caducidad; y (iii) la categoría excepcional de actos respecto a los que la acción tiene una vigencia permanente por afectar al orden público.

Centrándonos en el grupo (ii), actos impugnables sujetos a caducidad, como pueden ser, por ejemplo, la celebración de junta en lugar contrario a lo establecido en los estatutos sociales (175 LSC), que en una certificación no aparezca el texto íntegro de la convocatoria (artículo 6 RRM), que en la certificación de adopción de acuerdos no figure su fecha de expedición (97 RRM), etc., las personas legitimadas disponen de un año desde la adopción del acuerdo para impugnarlo, transcurrido el cual la acción caduca y el acuerdo deviene inimpugnable mediante esta vía.

Es necesario, antes de continuar, remarcar que la acción de nulidad a la que se refiere el artículo 204 LSC puede ejercitarse dentro del año a que se refiere el artículo 205 LSC. Es decir, desde que el legitimado para ello asistió a la junta general en que se adoptó el acuerdo impugnado, recibió el acta de la junta general o, en última instancia, el acuerdo devino oponible por su publicación en el BORME. En relación, el artículo 206.5 de la LSC dispone que “no podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno no lo hubiera hecho”. Así, el Tribunal Supremo en su sentencia 130/2017, de 27 de febrero matizó que el dies a quo es aquél en que el actor tiene efectivo conocimiento del acuerdo y de las circunstancias susceptibles de impugnación.

Retomando la cuestión principal, ¿significa ello que, transcurrido el año sin haber ejercitado acción de impugnación sobre el acuerdo, el mismo queda sanado mediante la caducidad de la acción, deviniendo válido, susceptible de desplegar todos sus efectos, inimpugnable e inscribible en el Registro Mercantil?

No. No puede sostenerse que el transcurso del tiempo transforma lo nulo en válido ni que lo nulo queda integrado en la realidad jurídica como si la tacha no existiese. El acto nulo continúa siéndolo, lo que impide su acceso al contenido del Registro Mercantil de conformidad con las reglas que rigen nuestro ordenamiento.

En relación, la resolución de la DGRN de fecha 31 de enero de 2018 expone que “es criterio reiterado que el registrador Mercantil debe calificar todos los extremos concernientes a la celebración de una junta general que redunden en la validez de la misma. Así ocurre, a modo de ejemplo, con los requisitos de la convocatoria (resolución 9 de febrero de 2012), persona legitimada para convocarla (resolución de 24 de enero de 2001), cómputo de plazo de celebración (resolución 10 de febrero de 1999), lugar de celebración (2 de octubre de 2003), quórum de asistencia (19 de mayo de 2006), etc.”. Ello pone de relieve que, si como consecuencia del incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, la convocatoria o los acuerdos en ella alcanzados resultaran viciados de nulidad, el registrador está obligado a rechazar la inscripción solicitada (18.2 del Código de Comercio).

De esta forma, ante la existencia de un acuerdo nulo por incumplimiento de la ley o de los estatutos sociales, el administrador está vinculado por su deber de diligencia, de acuerdo con el artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Consecuentemente, el administrador deberá llevar a cabo los actos precisos para que la junta general revoque o, en su caso, sustituya los acuerdos correspondientes para adecuarlos a la legalidad (artículo 204.2 en relación con el artículo 207.2 LSC.

DECLARADO EL CONCURSO DEBERÁ CONVOCARSE LA JUNTA SI ASÍ LO SOLICITAN SOCIOS MINORITARIOS

Hace ya un año comentábamos en un artículo publicado en nuestra página web sobre el mantenimiento de los órganos sociales (órgano de administración y junta general) declarado el concurso de acreedores en una sociedad. En relación con lo que allí indicábamos y a la vista de una reciente resolución de la DGRN (28 de marzo de 2018) debe tenerse en cuenta ahora que la Dirección General ha aclarado que los socios minoritarios tienen derecho a solicitar la convocatoria de la junta, manteniendo en plena vigencia durante el procedimiento concursal lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital (a saber, la obligación de convocar junta cuando lo solicite uno o varios socios que representen al menos el 5% del capital social).

Con dicha resolución, que supone un cambio de criterio defendido hasta ahora por los Registradores Mercantiles, la Dirección General hacer valer el protagonismo de los socios en la sociedad concursada que tendrán un mecanismo de seguimiento y control de las funciones de la administración concursal. En este sentido, con la facultad que mantienen los socios minoritarios de convocar juntas también se reconoce el derecho de información sobre los puntos del orden del día a tratar en dichas juntas. Derecho de información que se concreta tanto en la posibilidad de solicitar la información con carácter previo a la junta como durante la celebración de la misma.

La información solicitada por el socio deberá ser reportada por el administrador concursal, el cual deberá asimismo asistir a la reunión tal y como reconoce la ley concursal. La negativa al suministro de información por parte del administrador concursal podría incluso calificarse como delito societario recogido en el artículo 293 del Código Penal.

El derecho de separación de los socios

La Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) establece mecanismos que contribuyen a lidiar con situaciones incomodas entre los socios, que en la gran mayoría de ocasiones son desfavorables para el interés social de la compañía. Los mencionados mecanismos o herramientas legales, dispuestas por la LSC, que pueden contribuir a restablecer la calma, son (i) el derecho de separación y (ii) el derecho de exclusión.

En el presente artículo haremos mención al derecho de separación que tienen los socios de desvincularse del contrato social.

Las causas que den pie al ejercicio del derecho de separación pueden ser legales (numerus clausus establecidas por la LSC) o estatutarias (acordadas por los socios unánimemente).

 

Causas legales de separación:

(i) Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo, incluidos los socios sin voto, tendrán derecho a separarse de la sociedad en los casos siguientes:

–  Sustitución o modificación sustancial del objeto social;

–  Prórroga de la sociedad;

–  Reactivación de la sociedad; y

–  Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.

(ii)  En las sociedades de responsabilidad limitada tendrán, además, derecho de separarse de la sociedad, lo socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del                régimen de transmisión de las participaciones.

(iii) En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero, los socios tendrán derecho de separación en los términos establecidos en la Ley de         Modificaciones Estructurales.

A parte de las mencionadas causas legales, los socios pueden, mediante acuerdo unánime, establecer en los estatutos sociales causas, totalmente distintas a las legales, que den pie al ejercicio del derecho de separación. Conocidas como causas estatutarias de separación.

En el supuesto en que los socios acuerden causas estatutarias de separación, deberán determinar unas garantías mínimas:

–  El modo en que deber acreditarse la existencia de la causa;

–  La forma de ejercitar el derecho de separación; y

–  El plazo de su ejercicio.

Uno de los problemas con los que se pueden encuentran los socios minoritarios es el hecho de que los socios mayoritarios acuerden, a pesar de la existencia de beneficios, la no distribución de dividendos. Por ello, el artículo 348 bis[1] de la LSC recoge el derecho de separación, vigente desde el pasado 31 de diciembre de 2016, en los casos en que, a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio hubiera votado a favor de la distribución del beneficio social, y siempre que la junta general no hubiera acordado la distribución como dividendo de, como mínimo, 1/3 de los beneficios obtenidos, que sean legalmente repartible.

¿Cómo valorar el importe a percibir por el Socio que ejerce el derecho de separación?

Lo ideal es que el valor venga precedido por el acuerdo entre el socio que desea separase y la sociedad. Las partes son libres de acordar el precio que, evidentemente, satisfaga sendas pretensiones. Tristemente en la realidad no suele ser así.

Hay supuesto en que la sociedad recoge en sus estatutos sociales las reglas de valoración. Por tanto, en dicho caso, no se daría pie a negociación alguna.

Ahora bien, en el supuesto en que las partes no lleguen a acuerdo alguno y los estatutos sociales no prevean unas reglas de juego para fijar una valoración, la concreción del valor la deberá estimar un experto independiente designado por el Registro Mercantil.

 

[1] El pasado 1 de diciembre de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la propuesta de modificación del artículo 348 bis LSC. De dicha modificación propuesta cabe destacar que, para la supresión o modificación de la causa de separación, será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separase de la sociedad al socio que no hubiera votado a favor de tal acuerdo. 

Comunicado conjunto CNMV y BdE sobre criptomonedas e ICO’s

La CNMV y el BdE han publicado el pasado 8 de febrero un comunicado conjunto advirtiendo a inversores y usuarios de servicios financieros de los riesgos asociados a la inversión en monedas virtuales (“criptomonedas”) y ofertas iniciales de criptomonedas (“ICO” por sus siglas en inglés “Initial Coin Offering”). Con dicha nota se evidencia la relevancia que en los últimos tiempos están alcanzando estas nuevas formas de activos digitales a la vez que los mencionados organismos públicos advierten del alto riesgo de pérdida o fraude en caso de inversión en los mismos.

CNMV y BdE pone especial atención en los siguientes puntos:

– Espacio no regulado

– Carácter transfronterizo

– Elevado riesgo de pérdida de lo invertido

– Problemas de iliquidez y volatilidad extrema

– Información inadecuada

En el comunicado se habla de posibles estafas piramidales y blanqueo de capitales y de otros tantos riesgos (todos ellos negativos, se entiende) al amparo de los nuevos activos digitales, y lo cierto es que la falta de regulación puede dar pie a actuaciones alejadas de lo que hasta ahora estamos acostumbrados a tratar, pero no por los riesgos intrínsecos que toda novedad conlleva debemos obviar la evolución hacia nuevas formas de inversión y evolución en el mundo tecnológico.

Cada vez más, cobra especial importancia la regulación que de forma transfronteriza debe surgir para regular de forma segura estos nuevos activos financieros. Estaremos muy atentos a las novedades que vayan produciéndose para poder facilitaros el seguimiento necesario.

Os dejamos el link al comunicado:

https://www.cnmv.es/loultimo/NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf