La derivación de responsabilidad de la Agencia Tributaría y su calificación en el concurso de acreedores

Cuando una sociedad de capital entra en una situación de insolvencia, como preámbulo de la necesaria solicitud de inicio del concurso voluntario, entre sus acreedores es habitual que se encuentre la Administración Estatal de la Agencia Tributaria, por deudas derivadas de liquidaciones no atendidas.

Las prerrogativas que disfruta la Administración Estatal de la Agencia Tributaria han de tenerse en cuenta a la hora de realizar cualquier operación en el concurso de acreedores tendente a la extinción y conclusión de la sociedad sin la satisfacción completa de las deudas a los acreedores pues, la sección 3ª del Capítulo II del Título II de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 41 y siguientes, se encarga de regular los responsables tributarios, entre los que se encuentran:

Artículo 42. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: […] c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.”

[…]

  1. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
  2. a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

 

También el artículo 43, considera responsables subsidiarios:

Artículo 43. Responsables subsidiarios. 1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: […] h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o desviación patrimonial.

En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

De constatarse, por parte de La Administración Tributaria, un supuesto de hecho subsumible en la descripción de los artículos anteriormente descritos, no dudarán en iniciar un procedimiento de derivación de responsabilidad en búsqueda de responsables tributarios que satisfagan la deuda, con intereses de demora, recargos y, en depende que supuestos, la sanción que pueda tener aparejada.

No obstante, las prerrogativas de la Administración Tributaria se desdibujan cuando la deuda tiene su origen en un procedimiento de derivación de responsabilidad tributaria pues éste, es considerado fuera de todas dudas, como una sanción, tal y como entiende la Sala 3ª del Tribunal Supremo al igual que el Tribunal Constitucional, el expediente de derivación de responsabilidad tributaria cumple, entre varias funciones, la finalidad sancionadora, que prevalece sobre las demás dispuestas en la norma.

Por ende, al ser un crédito con naturaleza sancionadora, ha de ser calificado como subordinado, en virtud del artículo 92 de la L.C., más aún si recordamos el criterio seguido por la Sala Primera de nuestro Alto Tribunal que, al analizar en varias sentencias, la calificación en el concurso de los recargos administrativos, admite que el término sanción, del artículo 92.4 de la L.C., debe entenderse en un sentido amplio, sanción ha de vincularse el incumplimiento de un deber jurídico.

No obstante, la consideración de crédito subordinado o no vendrá con el administrador concursal que, en caso de no seguir con la Jurisprudencia mayoritaria reciente, verá modificados los textos, tras la interposición de los procedentes recursos. A dichos efectos, es interesante conocer el criterio de cada Audiencia Provincial, pues será el recurso al que la gran mayoría de concursadas pueda acceder, por entre otros motivos, tener requisitos de admisión más laxos. En nuestro caso, nuestra Audiencia Provincial coincide con lo anteriormente expuesto, calificando el crédito nacido en la derivación, como crédito subordinado.

 

¿Es válida la adquisición de participaciones sociales en autocartera fuera de los supuestos contenidos en el artículo 140.1 LSC?

STS 1026/2019, de 27 de marzo.

 A efectos de llevar a cabo una redistribución de los derechos sobre el patrimonio familiar, una sociedad adquiere mediante permuta un número de participaciones sociales que, de manera inmediata, enajena a favor de sus socios. Uno de los socios adquirientes interpone demanda judicial, al entender que dicho negocio jurídico se ha llevado a cabo en contravención del entonces aplicable artículo 40.1. de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (equivalente al actual artículo 140.1. de la Ley de Sociedades de Capital). Este último artículo establece un listado numerus clausus de adquisiciones derivativas permitidas para las sociedades de responsabilidad limitada, de manera que cualquier adquisición que no se encuentre contenida en esta lista será considerada nula de pleno derecho. Con la interposición de la referida demanda judicial, el socio pretende la restitución de las prestaciones realizadas, entendiendo que ni la adquisición ni, por extensión, la posterior transmisión a los socios se ha llevado a cabo válidamente.

Mediante sentencia de fecha 27 de marzo de 2019, el Tribunal Supremo confirma el anterior pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que desestima la pretensión del actor, al considerar que, aunque es cierto que la referida adquisición en autocartera no quedaría englobada en ninguno de los supuestos previstos legalmente (y, por tanto, su consecuencia inmediata sería la consideración del acto como nulo de pleno derecho ex artículo 140.2 LSC), se debe llevar a cabo una interpretación más flexible en este caso y tomar en consideración la totalidad del negocio jurídico. En efecto, la adquisición en autocartera de las participaciones por parte de la sociedad fue un simple acto instrumental, y en ningún caso se prolongó en el tiempo, dado que ese mismo día se procedió a la transmisión de las participaciones a favor de los socios; a la luz de estas circunstancias, el Tribunal considera que no existe vulneración de la doble finalidad de la disposición contenida en la Ley de Sociedades de Capital, a saber: (i) salvaguardar la integridad patrimonial del capital social como garantía de los acreedores sociales; y (ii) tutelar los derechos políticos y económicos de los socios.

En consecuencia, entendiendo que, dadas las características de la operación jurídica y la transitoriedad de la situación, en ningún caso se puso en riesgo ninguna de las dos finalidades perseguidas por la norma, el Tribunal Supremo dictamina que no puede apreciarse la nulidad de la adquisición en autocartera ni de la posterior transmisión a los socios, y que, por lo tanto, la reclamación del actor debe ser desestimada.

Es relevante, en este sentido, poner énfasis en el hecho que la situación producida en el caso que nos ocupa presenta unas características particulares (en especial, la fugacidad de la tenencia de las participaciones en autocartera) que son las que permiten salvar la legalidad del acto, pero que se mantiene la regla general contenida en el artículo 140 LSC, esto es, la nulidad de pleno derecho de cualquier adquisición que se desvíe de las provisiones del mismo.

APORTACIONES A LA SOCIEDAD SIN AUMENTO DE CAPITAL

Además de los casos de aumento de capital de manual, que son (i) la clásica ampliación de capital social y (ii) la ampliación de capital mediante créditos, es una práctica extendida la utilización de las “aportaciones de los socios a fondo perdido”, esto es: las aportaciones de los socios a la cuenta 118, sin aumento de capital social.

Se trata de una operación societaria atípica pero atractiva y flexible. Desde el punto de vista formal es más sencillo de llevar a cabo que una ampliación de capital, ya que no está sometido ni al régimen de publicidad material del Registro Mercantil, ni precisa control notarial, ni jurídicamente en materia de blanqueo de capitales. Es por todo ello que ha sido calificada como un negocio jurídico low cost, pues ofrece un producto básico, funcional, sin extras y barato, pero de la misma calidad que el producto tradicional equivalente.

La historia de este apunte contable (118) viene de atrás y durante muchos años ha sido usado por las sociedades para taponar agujeros e “ir tirando”, puesto que el Plan General contable del 2000 exigía que las aportaciones a la cuenta ciento dieciocho tuvieran por finalidad auxiliar a una sociedad que tiene un déficit, como una subvención de los socios. El boom de dicha práctica societaria deriva de dos hechos: el primero, el nuevo PGC (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) que deja de exigir que la sociedad esté en crisis ampliando su ámbito a cualquier finalidad sin que exista una «causa» o deba expresarse. Y el segundo, una Consulta vinculante de la DGT (V1978-2016) que le da un trato fiscal mucho más beneficioso que el de las dos aguas entre las que se mueve.

De esta forma, las aportaciones de los socios a la cuenta 118, deben reunir estos requisitos: las aportaciones deben realizarse «a fondo perdido» como en el aumento de capital social que sigue el principio de irretroactividad, y «sin contraprestación» de la sociedad, ni previa ni simultánea ni posterior.

Concluimos que el capital social tiene una función insustituible a la hora de estructurar internamente una sociedad (por ser el mismo el eje de todo el sistema en las sociedades de capital), pero una vez la sociedad está fundada y en funcionamiento lo que interesa en el tráfico mercantil son el conjunto de los fondos propios que miden el compromiso de los socios con la empresa. La cuenta 118, el capital, las reservas, los beneficios y las primas, cumplen esa misma finalidad de fortalecer frente al pasivo exigible.

 

¿Se puede impugnar el acuerdo de formulación de cuentas anuales?

Tal y como reza el artículo 253[1] de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración es por imperativo legal el órgano competente para formular las cuentas anuales. Es más, el mencionado órgano social está obligado a proceder a ello dentro de los tres primeros meses desde el cierre del ejercicio social. Asimismo, la formulación de las cuentas anuales constituye una de las obligaciones atribuidas a los administradores con carácter indelegable.

Una vez formuladas las cuentas anuales por el órgano de administración, ¿se puede impugnar el acuerdo de formulación? El Tribunal Supremo se postula afirmando que el acuerdo de formulación de las cuentas anuales, habiendo sido con cierta frecuencia objeto de impugnación judicial, no es un acuerdo susceptible de impugnación, sino una mera propuesta para que sea la junta general quien adopte el correspondiente acuerdo.

La formulación de las cuentas anuales se configura como una propuesta debida y necesaria para que, una vez verificadas, se aprueben mediante el acuerdo de la junta general. Ya se califique la formulación de cuentas como deber u obligación del órgano de administración para con la sociedad, no tiene el carácter de acuerdo del órgano colegiado de administración contra el que quepa impugnación, sino de propuesta orientada a la futura adopción del verdadero acuerdo por la junta general, que será el acuerdo susceptible de impugnación judicial.

[1] “Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. (…)”

Fallecimiento del socio ¿Quién está legitimado para asistir a la junta general?

El ejercicio de los derechos del socio está ligado a su inscripción en el libro registro de socios de la sociedad. Sin perjuicio de ello, en el supuesto en que la mercantil sea conocedora del fallecimiento de un socio/a, deberá tener en cuenta el carácter ganancial de las acciones/participaciones y la existencia o no de herederos, en dicho supuesto tanto el/la viudo/a y los herederos conformarán una comunidad de bienes. Pasando a ser esta, mientras no se liquide la comunidad de bienes, la nueva titular de las acciones.

Los acuerdos que adopte dicha comunidad de bienes, tal y como establece el artículo 398 [1] del Código Civil, deberán ser adoptados por el régimen de mayorías, como por ejemplo el acuerdo relativo a quien deberá representar a dicha comunidad en la junta general a fin de ejercer los derechos del socio.

Por ello, el representante que haya acordado por mayoría la comunidad de bienes -siempre y cuando no se haya liquidado-, será la persona legitimada para asistir a la junta general y ejercer los derechos del socio.

[1]“Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. (…).

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3º, núm. 376/2019 de 20/03/2019.- “La administración Tributaria no puede dictar providencias de apremio contra la masa hasta el levantamiento de efectos de la declaración de concurso.”

Cuando la Administración Tributaria es acreedora de una concursada, busca asegurar su deuda y satisfacerla en la medida de lo posible, pero para ello, hace uso de las facultades que el art. 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) le atribuye, facultades muy distintas de las que el acreedor privado puede accionar, tales como la autotutela ejecutiva de sus actos, con la que dictar providencias de apremio tendentes a ordenar el embargo de bienes de la sociedad (con misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial, art. 167.2 LGT), perjudicando la posición del crédito del resto de acreedores, cuando lo cierto es que, en liquidación, es el administrador concursal quien decidirá la forma de satisfacer las deudas sociales.

La conclusión del Tribunal Supremo se fundamenta en la naturaleza jurídica de la situación; si el supuesto de hecho de la deuda a cobrar es, que su titular ha sido declarado en  concurso de acreedores, la actuación de la administración tributaria deberá respetar lo prescrito por las normas concursales (art. 77 LGT), preservando la integridad del patrimonio concursal frente a ejecuciones separadas que distorsionen la aplicación de la “par condition creditorum”.

Por todo ello, el Tribunal Supremo acaba considerando que, la interpretación conjunta del art. 55 y 84.4 L.C. y del 164.2 LGT, impide dictar providencias de apremio a la AEAT una vez abierta la liquidación. La administración Tributaria deberá acudir al juez del concurso para instar el pago mediante los trámites del incidente concursal, quien deberá decidir sobre dicho extremo.

El Tribunal Supremo consigue, a través de esta reciente sentencia, garantizar el principio de igualdad de trato de los acreedores y respetar las competencias atribuidas al juzgado mercantil en la material concursal.

LA VALIDEZ DE LOS PACTOS DE SOCIOS

El documento legal rey en cualquier ronda de financiación es el pacto de socios. En él se reconocen derechos políticos y económicos a favor de los inversores en la compañía, entre ellos, mayorías reforzadas a favor de algunos de los socios para la aprobación de determinados asuntos.

El pasado 12 de febrero de 2019, la AP de Barcelona dictó una sentencia con ocasión de la impugnación de una junta celebrada en una sociedad tras años de celebraciones de juntas con el carácter universal y después de la baja de uno de los socios de la sociedad firmante de un pacto que no había sido modificado tras la salida de este. Entiende la AP que la constitución de la junta y la adopción de los acuerdos impugnados no respetan las reglas previstas en el pacto de socios, anulando la junta en cuestión (sin obviar que la sentencia contiene un voto particular en contra).

En la sentencia se plantea (i) la vigencia del pacto por haberse modificado la composición accionarial y (ii) el alcance del pacto. Entiende la AP que el pacto sigue vigente sin perjuicio de la modificación de la composición accionarial por cuanto la salida del socio únicamente supuso una alteración en la participación del resto de socios.

Asimismo, la AP entiende que al tratarse de un pacto firmado por todos los socios, el mismo resulta oponible a la sociedad que deja de ser tercero ajeno e independiente al pacto. Esto es, cuando existe una coincidencia entre los firmantes del pacto y de los estatutos sociales es posible considerar que el acuerdo social que contravenga un pacto parasocial sea impugnable por contrariedad al interés social.

En conclusión: (i) en el caso en que haya una alteración relevante en la composición accionarial es necesario renovar y adaptar el pacto de socios a la nueva situación accionarial y (ii) la firma del pacto de socios por todos los socios y por la propia sociedad permitirá equiparar el pacto a los estatutos sociales pudiendo alegar que el acuerdo social que se oponga al pacto de socios sea impugnado por entenderse contrario al interés social.

LAS CLÁUSULAS ESCALONADAS EN ARBITRAJE INTERNACIONAL

Las cláusulas escalonadas, también conocidas como multi-tiered clauses o multi-step clauses son cláusulas de resolución de conflictos que disponen un sistema gradual para la solución de las diferencias que parten, en sus fases iniciales, de varios métodos alternativos para la resolución de controversias (negociación entre altos ejecutivos, mediación, dispute boards, etc.) y que culminan en arbitraje en caso de resultados infructuosos de los primeros métodos alternativos. La jurisprudencia anglosajona, matiza, que debemos entender como cláusula escalonada propiamente, la que es regulada de forma exhaustiva.

Este tipo de cláusulas tienen como finalidad principal la de evitar los costes del procedimiento arbitral, permitiendo los mecanismos previos una reflexión entre las partes y un efecto depurador, que permite o que está orientado a permitir que las partes reflexionen y lleguen a un acuerdo sin necesidad de someterse a un procedimiento como es el de arbitraje.

A pesar de ello, ¿es posible, cuando nos encontramos ante una cláusula de este tipo, saltarse los primeros pasos y acudir directamente al último mecanismo previsto, el arbitraje? A diferencia de lo que sucede en la Unión Europea, existe abundante jurisprudencia proveniente de Inglaterra y de Estados Unidos que, mayoritariamente, concluye que la consecuencia de no cumplir con lo establecido en dicha cláusula es el archivo o anulación del arbitraje. Esta jurisprudencia entiende este tipo de cláusulas como una condición suspensiva, es decir, que imposibilita acceder a la siguiente fase si no se ha pasado previamente por las estipuladas en primer lugar “pactum de non petendom”.

Sin embargo, creemos que la opción más acertada es definir el pacto de negociar o someterse a mediación con carácter previo al arbitraje como un presupuesto procesal y no como una condición suspensiva. Concluiríamos que las partes podrían acudir al arbitraje a pesar de no haber cumplido con lo establecido previamente y, en este caso, serían los propios árbitros los que deberían decidir si el procedimiento arbitral se ha iniciado correctamente.

Debido a la complicada ejecutabilidad de este tipo de cláusulas, (no se puede forzar a las partes a una negociación de buena fe o a una mediación) la obligación previa de negociar o mediar no respetada no tumbaría de per se el procedimiento arbitral, sino que los árbitros serían los encargados, en cada caso concreto, de determinar la forma de proceder, teniendo en cuenta tanto las circunstancias subjetivas de cada caso, como la propia redacción de la cláusula escalonada objeto de controversia; ello, siempre y cuando, una de las partes formule alegación al respecto en los términos iniciales del arbitraje ya que, en caso de que ambas partes se sometan al arbitraje, quedarían obligadas por actos propios, aunque no hubiesen cumplido con lo establecido en la cláusula escalonada.

A pesar de ello, es posible anular un laudo si no se negocia o se acude a mediación previa ya que, el árbitro conocería del asunto careciendo de jurisdicción al haber obviado los mecanismos de resolución de conflictos que las partes pactaron previo al arbitraje.

 

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO NÚMERO 646/2018, DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

El supuesto de hecho es la estimación de un recurso de casación por parte del Tribunal Supremo de una demanda interpuesta por el ex gerente de una empresa familiar. En la demanda, el exgerente reclamaba la indemnización por cese en el referido cargo, que había sido previamente aprobada por unanimidad de todos los socios en junta general de carácter universal. Concurre en este caso que el mencionado gerente ostentaba, al mismo tiempo, la condición de administrador único de la mercantil.

Para no proceder al pago de dicha indemnización, la sociedad argumentó:

  • Que las funciones gerenciales estaban incluidas en las funciones que desarrollaba como administrador único de la sociedad, y que, por tanto, no existía, en este caso, relación laboral especial, de acuerdo con la teoría del vínculo; y
  • La falta de previsión estatutaria de la modalidad retributiva de indemnización por cese para los administradores. Los estatutos solamente preveían una retribución fija anual para los administradores y para los administradores que desempeñasen funciones gerenciales.

Nos encontramos ante un supuesto de hecho en el que la negativa de la sociedad a abonar la cantidad acordada en sede de junta general, por carecer de sustento estatutario, se muestra alejada de la finalidad de tutela de las normas reguladoras de la retribución del administrador; El Tribunal Supremo ha denominado este tipo de situaciones como “abuso de formalidad” y concluyó que una sociedad no puede negarse a abonar la indemnización por cese acordada en general sobre la base de la inexistencia de previsión estatutaria al respecto, añadiendo que el “abuso de la formalidad” no es fórmula para que la sociedad se desvincule de las obligaciones personalmente asumidas.

Validez de la convocatoria de Junta General realizada por un Consejo de Administración incompleto por renuncia de uno de los miembros

STS24/2019, de 16 de enero de 2019

Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, de nuevo, sobre una de las cuestiones que pueden resultar más problemáticas en el día a día de una Sociedad, y para la que es necesario conocer de qué soluciones disponemos. No es extraño que, en algún momento de la vida societaria, el Consejo de Administración se vea paralizado por la renuncia de sus miembros, y nos encontremos ante la duda de cómo proceder a convocar la correspondiente Junta General para el nombramiento de los nuevos miembros del mismo.

En la sentencia que nos ocupa, el Consejo de Administración de la Sociedad, de responsabilidad limitada, estaba integrado por tres miembros (que eran, a su vez, los únicos socios de la misma). El problema se plantea cuando el presidente del Consejo renuncia a su cargo de consejero, quedando así el número de miembros del Consejo por debajo del mínimo establecido legalmente (ex artículo 242 LSC) y dejando a los consejeros restantes en la disyuntiva de cómo proceder a convocar la Junta General de Accionistas, a los efectos de proceder al nombramiento de un nuevo miembro del Consejo.

Para ello, se deberá atender a lo dispuesto en el artículo 247.2 LSC en relación a la válida constitución del Consejo de Administración de una S.A., según el cual deberán estar presentes o debidamente representados, la mayoría de los vocales (en relación al número dispuesto en los Estatutos Sociales). De esta manera, encontrándonos en un supuesto en que, aún habiendo renunciado uno de los consejeros, la mayoría de los cargos siguen vigentes, será posible constituir válidamente la reunión del Consejo, y éste podrá proceder con normalidad a la convocatoria de Junta General de Accionistas (y así lo confirma la RDGRN de 14 de marzo de 2016). En este supuesto, además, la Junta General de Accionistas convocada podrá contener en su orden del día todos aquellos puntos que se considere oportuno tratar, sin tener que ceñirse únicamente al nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Para aquellos supuestos en los que el Consejo quede paralizado por la renuncia de la mayoría de los miembros del Consejo, se deberá tener en cuenta el artículo 171 LSC, que faculta a los accionistas, así como a los administradores restantes, a convocar la Junta General de Socios “en caso de muerte o cese (…) de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin que existan suplentes”, con el único objeto de proceder al nombramiento de los administradores. Asimismo, la ley, en cualquier caso, prevé mecanismos para impedir el bloqueo del órgano de administración de la Sociedad que, en los supuestos más graves, podrían llevar a la disolución de la misma. De esta manera, no sólo se contempla la posibilidad de proceder a convocar Junta General por cualquiera de los socios o consejeros restantes, sino que también se prevén mecanismos como la cooptación en las Sociedades Anónimas (artículo 244 LSC).