Autocartera en la Sociedad de Responsabilidad Limitada

Autocartera en la Sociedad de Responsabilidad Limitada

Son cuantiosos los supuestos o escenarios en los que las sociedades de responsabilidad limitada (en adelante, “SL”) se plantean adquirir sus propias participaciones sociales, o acciones o participaciones de la sociedad dominante.

A través de la presente, se ofrece una primera aproximación a la autocartera en las SL, la cual se encuentra regulada en el capítulo VI del real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, “LSC”), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Entrando en materia, la autocartera puede distinguirse en (i) adquisición originaria o (ii) adquisición derivativa. Sin perjuicio de la doble distinción, la LSC de forma meridiana y rotunda, establece que la adquisición originaria de participaciones propias o de participaciones o acciones de la sociedad dominante será nula de pleno derecho.

Por lo que concierne a la adquisición derivativa, la LSC permite que la SRL pueda adquirir sus propias participaciones sociales o acciones o participaciones de la sociedad dominante, únicamente, en los supuestos que a continuación se detallan. A sensu contrario, todo escenario de adquisición derivativa alejado de los supuestos seguidamente descritos será considerado nulo de pleno derecho.

(i) Cuando las participaciones o acciones que se adquieran formen parte de un patrimonio a título universal, o sean adquiridas a título gratuito, o fruto de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad contra el titular de las mismas;

(ii) Cuando las participaciones propias se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción de capital adoptado por la Junta General;

(iii) En el marco de la transmisión forzosa, descrita en el artículo 109 de la LSC, la sociedad podrá subrogarse en el lugar del rematante o del acreedor, mediante la aceptación expresa de las condiciones de la subasta y la consignación integra del importe del remate, o de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados; y

(iv) Cuando la adquisición en autocartera vaya de la mano de la autorización de la Junta General de Socios, se efectúe con cargo a beneficios o reservas de libre disposición y tenga por objeto participaciones de un socio separado o excluido de la sociedad, participaciones que se adquieran como consecuencia de la aplicación de una cláusula restrictiva de la transmisión de las mismas, o participaciones transmitidas mortis causa.

Sin perjuicio de estar reconocida y escudada por la LSC, las participaciones propias adquiridas derivativamente por la SL en los casos anteriores deberán ser amortizadas o enajenadas en un plazo de tres años. Si las participaciones no son enajenadas en el referido plazo, se deberá acordar inmediatamente su amortización y la correspondiente reducción de capital. En el supuesto de que la SRL hiciera caso omiso a dicha exigencia legal, cualquier tercero interesado estará legitimado para proceder, judicialmente, a su solicitud.  Asimismo, si la Junta de Socios de la SRL adquirente no pudiera lograr el correspondiente acuerdo de amortización y de reducción de capital, el órgano de administración estará obligado a solicitar, judicialmente, la adopción de los referidos acuerdos.

Por lo que se refiere a las participaciones o acciones de la sociedad dominante deberán ser enejadas en el plazo máximo de un año a contar desde su adquisición.

En el marco de la adquisición derivativa en las SRL cabe destacar y remarcar que, mientras las participaciones propias permanezcan en poder de la sociedad adquirente, (i) quedará en suspenso todos los derechos inherentes a las mismas; y (ii) se deberá dotar una reserva equivalente al importe de las participaciones, la cual será indisponible hasta que no se proceda a la requerida enajenación.

Los referidos imperativos legales persiguen (i) defender el capital social de la sociedad, dado que la adquisición de las participaciones onerosamente podría entenderse como una devolución de aportaciones, conllevando la consecuente descapitalización; y (ii) la protección de los acreedores sociales ya que verían disminuida la garantía patrimonial de sus créditos frente a la sociedad adquirente.

Alejandro Safont Pérez de Larraya

Alejandro Safont trabaja en el despacho de abogados Lexcrea, S.L.P., donde actualmente presta asesoramiento a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, inversores y entidades de capital riesgo.

Alejandro Safont Pérez de Larraya

Sobre Alejandro Safont Pérez de Larraya

Alejandro Safont trabaja en el despacho de abogados Lexcrea, S.L.P., donde actualmente presta asesoramiento a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, inversores y entidades de capital riesgo.

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