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Elena Martín Barella

Sobre Elena Martín Barella

Elena ha desarrollado su trayectoria laboral en diferentes despachos de ámbito internacional desde 2012 en varias ciudades de referencia, como Valencia o Barcelona entre ellas. Todos ellos especializados en el derecho procesal mercantil y el derecho bancario y financiero.

La derivación de responsabilidad de la Agencia Tributaría y su calificación en el concurso de acreedores

Cuando una sociedad de capital entra en una situación de insolvencia, como preámbulo de la necesaria solicitud de inicio del concurso voluntario, entre sus acreedores es habitual que se encuentre la Administración Estatal de la Agencia Tributaria, por deudas derivadas de liquidaciones no atendidas. Las prerrogativas que disfruta la Administración Estatal de la Agencia Tributaria han de tenerse en cuenta a la hora de realizar cualquier operación en el concurso de acreedores tendente a la extinción y conclusión de la sociedad sin la satisfacción completa de las deudas a los acreedores pues, la sección 3ª del Capítulo II del Título II de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General […]

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3º, núm. 376/2019 de 20/03/2019.- “La administración Tributaria no puede dictar providencias de apremio contra la masa hasta el levantamiento de efectos de la declaración de concurso.”

Cuando la Administración Tributaria es acreedora de una concursada, busca asegurar su deuda y satisfacerla en la medida de lo posible, pero para ello, hace uso de las facultades que el art. 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante LGT) le atribuye, facultades muy distintas de las que el acreedor privado puede accionar, tales como la autotutela ejecutiva de sus actos, con la que dictar providencias de apremio tendentes a ordenar el embargo de bienes de la sociedad (con misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial, art. 167.2 LGT), perjudicando la posición del crédito del resto de acreedores, cuando lo cierto es que, en […]

La obligación de registrar la jornada laboral antes del 12 de mayo de 2019

El pasado 12 de marzo de 2019 se publicó el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo de 2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. El Real Decreto modifica, entre otros, el artículo 34.7 y 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, exigiendo un registro de la jornada laboral de los trabajadores, que deberá implantarse en un plazo máximo de dos meses desde la publicación de la norma. La obligación se regula en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-ley, a cuyo tenor: El Gobierno podrá establecer ampliaciones y limitaciones en la ordenación y duración de la jornada […]

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