¿Y AHORA, DECLARADO EL CONCURSO DE ACREEDORES, QUÉ HACEMOS CON LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD DEUDORA (SOY SOCIO Y/O ADMINISTRADOR)?

Desafortunadamente, todos los negocios no acaban teniendo el resultado que sus fundadores habían imaginado en el inicio de su andadura, y muy a su pesar, pero con necesaria observancia a las exigencias legales, los fundadores (entendiendo que los mismos ostenten el cargo de administradores) se ven abocados a la necesaria presentación de la solicitud de declaración de concurso de acreedores.

Ante dicho escenario, la pregunta de los socios y administradores de la sociedad concursada siempre suele ser la misma: “¿y ahora (presentada la solicitud), puedo desentenderme de la compañía?” La respuesta sería: “pues no del todo.

Para responder con mayor profundidad la pregunta en cuestión debemos diferenciar entre la condición de socio y la condición de administrador de la sociedad concursada y atender a lo que, con mayor o menor acierto (no alejado de ciertas dudas e interpretaciones diversas), establece el artículo 48 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal.

Sirva como premisa mayor que, durante la tramitación del concurso, se mantienen los órganos de la sociedad concursada, y que sobre su funcionamiento ha de tenerse en cuenta si se ha declarado la intervención o la suspensión de las facultades de administración o disposición por parte del Juez que conoce del concurso.

Lo cierto es que, en el marco de un concurso de una pequeña o mediana empresa, declarado el concurso, pocos acuerdos deberán ser objeto de debate en el seno del órgano de administración y/o de la junta general de la sociedad concursada (sobretodo, en el caso de la junta general), por lo que creemos que es importante hacer especial mención a los acuerdos de formulación y aprobación de cuentas anuales de la sociedad concursada, que en todo caso afectan a cualquier clase de sociedad. Así, el órgano de administración sigue teniendo la obligación de formular las cuentas anuales; y cuando las facultades del órgano de administración están suspendidas, la obligación de formular se traslada al administrador concursal.

Una vez formuladas, su aprobación corresponde a la junta general que requerirá, ya no tanto para la aprobación de las cuentas sino para la aplicación del resultado, autorización o conformidad del administrador concursal por tratarse de un acuerdo con contenido patrimonial. Es decir, cualquier acuerdo que deba adoptar la junta general con contenido patrimonial o relevancia directa para el concurso requieren, para su eficacia, de la autorización o confirmación de la administración concursal.

La obligación de formular y aprobar las cuentas subsiste incluso durante la fase de liquidación del concurso.

Por su parte, la convocatoria de la junta general, materia del órgano de administración, debe realizarse en la misma forma y antelación que en condiciones ordinarias, si bien a dicha junta deberá ser convocado de igual manera el administrador concursal; el cual tendrá derecho de asistencia y voz (no voto).

Todo lo anterior pone de manifiesto que tanto el socio como el administrador deben mantenerse atentos al desarrollo de las actuaciones en el marco del concurso, a pesar de que el papel protagonista en ese momento recaiga sobre el administrador concursal. Y con ello tenemos la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al inicio.

Abriendo un pequeño paréntesis; en no pocas ocasiones, ante la inminente situación concursal de una compañía, algunos de los administradores presentan su dimisión, desentendiéndose a partir de entonces de las funciones que venían desarrollándose. Con ello, sin duda que la carga que podrían tener en el marco del concurso se aligera si bien la responsabilidad de los mismos perdura, atendiendo al plazo de prescripción de cuatro años indicado en el artículo 949 del Código de Comercio y en el artículo 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo lo anterior será objeto de modificación con la reforma de la ley concursal en la que está trabajando el legislativo. Actualmente ya existe una propuesta de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal que se ocupa en el título III, capítulo I de los efectos del concurso sobre las personas jurídicas (en la página web del Ministerio de Justicia se puede consultar el texto de la propuesta). Con la mencionada propuesta se transpondrá la normativa europea al respecto, contenida en el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre procedimientos de insolvencia, y que supondrá una regularización, aclaración y armonización de la normativa concursal actual.

 

Silvia Martinez
Silvia ha prestado sus servicios profesionales en despachos de primer nivel. En los últimos años desarrolló el ejercicio profesional de forma freelance hasta la creación de Lexcrea, S.L.P., despacho del que es socia fundadora y a través del cual presta asesoramiento a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, inversores y entidades de capital riesgo.
Silvia Martinez

Sobre Silvia Martinez

Silvia ha prestado sus servicios profesionales en despachos de primer nivel. En los últimos años desarrolló el ejercicio profesional de forma freelance hasta la creación de Lexcrea, S.L.P., despacho del que es socia fundadora y a través del cual presta asesoramiento a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, inversores y entidades de capital riesgo.

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